La ¿reforma? judicial de Evo Morales

La asunción de la Presidencia de la República de Bolivia por parte de Evo Morales puede interpretarse y analizarse de muchos modos. Entre ellos, como el punto de inicio de una etapa de cambios para el país. Atrás queda el hecho de que Morales sea contemplado como el primer presidente indígena del país. Aunque esto no se ha olvidado, el sustrato étnico de su candidatura, y todo lo que conlleva, ha sido uno de los motores que ha encendido una serie de reformas destinadas, en principio, a reducir las acentuadas desigualdades que afectaban, mayoritariamente, a la población indígena del país. Al respecto, tal vez es pronto para ver si realmente estas desigualdades se han suavizado…pero quizás el tiempo no sea necesario para valorar si estas reformas se están conduciendo por los cauces que serían adecuados.

Sin entrar en debate y dejando estas cuestiones para otro momento, sí puede hacerse referencia a la última de las iniciativas promovidas por Morales y que afecta al poder judicial. Para ello, hay que recordar que recientemente, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó una ley transitoria que otorgó a Morales la facultad de nombrar a los magistrados de estas instituciones. Los elegidos ejercerán hasta diciembre de 2010, momento en el que los jueces titulares se elegirán por voto popular en las urnas. Antes de esta reforma, los miembros del poder judicial eran designados por el Congreso, donde debían obtener los votos de dos tercios de la cámara. Con esta nueva facultad, Evo Morales ha empezado a designar y tomar juramento a diversos magistrados que asumen funciones en la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Constitucional y en el Consejo de la Judicatura.

Esta medida puede estar también justificad si se tiene en cuenta que el poder judicial estaba inmerso en una profunda crisis derivada de la renuncia o suspensión, por juicios en el Congreso, de un buen número de magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Tribunal Constitucional -virtualmente paralizado por la suspensión de su presupuesto desde el Tesoro General-, y del Consejo de la Judicatura. De hecho, esta situación estaba fomentando enormes retrasos en la justicia así como un respaldo hacia las frecuentes situaciones de corrupción o parcialidad. Casi podría llegar a pensarse que la medida de Morales se ajusta a aquello de “el fin justifica los medios”. Tal vez los perpetuos problemas de debilidad institucionalidad boliviana y de fragmentación interna (frecuentemente afectando a las poblaciones originarias) puedan ser una buena justificación para iniciativas como la de Morales. Aunque es posible que no todo el mundo esté de acuerdo con esta manera de enfocar las cosas…

Un abrazo,

Oscar.