Elecciones regionales y violencia en México

Hoy, domingo 4 de julio, en 12 estados de México se elegirán gobernadores, legisladores y alcaldes. Estas elecciones, para las que están habilitados a votar 26,4 millones de personas (equivalentes a 39,1%) del total del padrón electoral del país pueden resultar claves para las presidenciales de 2012. En ellas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tratará de recuperar la hegemonía que mantuvo durante más de 70 años y que perdió en 2000, cuando fue electo presidente Vicente Fox. Las encuestas auguran una victoria del PRI en estas elecciones regionales lo que puede suponer un contratiempo muy significativo para las aspiraciones del gobernante Partido de Acción Nacional (PAN) y el opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) de cara a las mencionadas presidenciales de 2012. Cabe señalar que, a pesar de la pérdida de su hegemonía histórica, el PRI sigue manteniendo una cuota de protagonismo político nada desdeñable; por ejemplo, actualmente domina en 9 de los 14 estados en los que hoy se dirimirán nuevos cargos. Asimismo, estos procesos electorales vienen marcados por una creciente violencia que pueden acabar socavando la corrección con la que deberían realizarse. Durante los últimos seis meses, se cifran en 5.000 las muertes asociadas al crimen organizado en el país; unos datos que confirman que este semestre ha sido el peor de la historia mexicana en esos términos. Las repercusiones de esta violencia han tenido efectos diversos en el desarrollo de la campaña; por ejemplo, la prensa local ha insistido repetidamente que, durante la campaña electoral, las amenazas a los candidatos fueron habituales y, en muchos casos algunos postulantes, optaron por la renuncia. Será necesario esperar no sólo a los resultados que se produzcan y a los efectos que tienen para las futuras generales sino también desear que la dinámica de violencia habitual de los últimos meses sea, en esta ocasión, la excepción…

Un abrazo,

Oscar.

Cuestión indígena: avances y retrocesos en los países centro-andinos

A pesar de que los pueblos indígenas se encuentran presentes en la mayoría de los países de la región latinoamericana su situación no puede calificarse de homogénea en todos los sentidos. Es cierto que, en términos de pobreza y desigualdad, se encuentran entre los colectivos más desfavorecidos (por no decir los que más) pero, en función del país de referencia, hay que establecer ciertas precisiones. En algunos de estos países (Perú, Bolivia, Guatemala, Ecuador) estamos hablando de mayorías de carácter nacional. Esta situación, si bien no garantiza resultados, si supone una mayor probabilidad de que procesos de acción colectiva e incidencia política puedan tener lugar. De todos modos, es necesario aclarar que países con un porcentaje menos elevado han tomado la cuestión indígena como un asunto prioritario y han establecido ciertas medidas y acciones para abordarla del mejor modo posible (tal vez Colombia podría ser un ejemplo válido aquí). Asimismo, a pesar de hablar de un conjunto de países con proporciones de población indígena significativas, otras variables (contexto político, distribución geográfica, marco legal) también tienen un papel relevante para explicar diferencias en el seno de este grupo y de sus posibilidades en la esfera pública. Por ejemplo, la prioridad que el gobierno de Evo Morales está concediendo a los asuntos indígenas no puede detectarse en Ecuador o en Perú (una cuestión, por otra parte, lógica si se atiende a las raíces indígenas de Morales y que él mismo ha experimentado en primera persona los perjuicios que conlleva la diferencia étnica en América Latina; sin embargo, podría discutirse si el abordaje está siendo el más adecuado).

En el caso de Perú, un año después del estallido de violencia en la localidad amazónica de Bagua, el Ejecutivo de Alan García acaba de vetar un proyecto de ley que consagra el derecho de los pueblos originarios a ser consultados sobre cualquier decisión estatal sobre concesiones para desarrollar proyectos de infraestructuras, mineros o energéticos en a sus territorios. Al respecto, García aseguró que su Gobierno defiende que los pueblos indígenas sean consultados pero consideró que este derecho debe darse preservando los intereses nacionales y no sólo el de un “pequeño” sector. Los pueblos indígenas aseguran que el veto a la norma es una demostración más de que el Gobierno está decidido a no respetar sus derechos o a no avanzar más en esa cuestión: en Perú el derecho a consulta de los pueblos indígenas no está contemplado en la Constitución. Ecuador sí lo consagra, lo que no quiere decir que no existan problemas. Por ejemplo, en Ecuador, el Gobierno del presidente Rafael Correa está enfrentado a las comunidades indígenas por la Ley de Recursos Hídricos, conocida como Ley de Aguas. El texto prevé la instauración de una Autoridad Única del Agua (AUA), liderada por una secretaría nacional designada por el presidente de la nación, para dirigir las políticas hídricas públicas. Pero los pueblos indígenas sostienen que la normativa supone una "privatización" del agua y demandan que las comunidades indígenas y sectores sociales tengan voz y voto en la AUA; una posibilidad ante la que el Gobierno se niega.

Avances como los de Bolivia y retrocesos como los de Ecuador o Perú demuestran que, a pesar de las similitudes, los abordajes son heterogéneos y las particularidades circunstanciales (también estructurales) siguen jugando un papel crítico. De todos modos, soluciones parciales o sin criterio de fondo pueden desembocar en resultados aún más perjudiciales. Es necesario un proceso de reflexión destinado a la acción, a la obtención de reformas significativas y capaces de responder a la complejidad del panorama social, económico y cultural no sólo de cada uno de los países sino también de la región. Sin embargo, a pesar de discutibles avances como los que tienen lugar en Bolivia, el escenario ideal que se propone parece aún muy lejano. Pero no por ello hay que dejarlo de lado, todo lo contrario; hay que intensificar estrategias, iniciativas y, ante todo, diálogo productivo.

Un abrazo,

Oscar

Sexto Congreso CEISAL en Toulouse

Entre los días 30 de junio y 3 de julio de 2010, se celebrará en la ciudad de Toulouse (Francia) el VI Congreso del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL). Con la temática Independencias – Dependencias – Interdependencias, como eje central del mismo, se pretende reflexionar y conmemorar tanto los bicentenarios de los primeros pasos independentistas de las repúblicas latinoamericanas, como el centenario de la Revolución mexicana que abrió espacios novedosos en términos de educación, política o relaciones socioeconómicas, entre otros, para el resto de la región. Asimismo, el objetivo principal de este congreso es constituir tanto una plataforma europea de estudio y debates como un foro académico y un instrumento de integración del movimiento latinoamericanista europeo a partiir del que propiciar el fortalecimiento de los lazos entre éste y el latinoamericano. Con el sexto congreso se quiere continuar con una tradición que comenzó en 1996. Los cinco anteriores congresos tuvieron lugar en Salamanca en 1996, Halle en 1998, Ámsterdam en 2002, Bratislava en 2004 y Bruselas en 2007. Esperemos que en el futuro sigan sucediéndose como hasta ahora.

Para todos los interesados, les adjunto la página de presentación del Congreso CEISAL:

http://w3.ceisal-congreso2010.univ-tlse2.fr/

Un abrazo,

Oscar.

Bolivia y el avance de la Justicia Indígena

Hace apenas unos días, la cámara baja del Congreso boliviano aprobó una ley que otorga a los pueblos indígenas el derecho a administrar justicia de forma autónoma y según sus propios valores y costumbres. Dicha medida supone la implementación de uno de los principales cambios contemplados en las reformas constitucionales aprobadas en enero de 2009 a través de un referéndum. Este ha sido un tema de debate durante mucho tiempo; de hecho puede decirse, sin temor a cometer errores graves, que este debate no sólo sigue vivo sino que ha crecido en intensidad. Fundamentalmente, la esencia del mismo es posicionarse alrededor de la compatibilidad de los usos y costumbres (o justicia tradicional / comunitaria) con el resto de la estructura lega y administrativa del Estado. Al margen del riesgo que acompaña a ciertas prácticas (como por ejemplo el castigo físico y a las repercusiones de este) los sectores contrarios a la Ley argumentan una falta de definición de la misma en diversos aspectos; por ejemplo, si la justicia indígena se aplicará sólo en el caso de delitos menores (como disputas por tierras), o también en delitos considerados mayores (homicidio, narcotráfico). El Congreso dispone de 180 días de margen para aprobar otra norma, la de de "deslinde jurisdiccional", que deberá precisar los campos de acción de las justicias ordinaria y comunitaria y con el objetivo de alcanzar una mayor concreción y reducir estas ambigüedades. A pesar de la formalidad de la Ley, lo cierto – y como apuntan varios expertos - es que en Bolivia, y a efectos prácticos, los dos sistemas (tradicional & ordinaria) han coexistido desde siempre. Partiendo de que este hecho es cierto, podría debatirse si esta convivencia ha sido armónica y si la aplicación de la justicia tradicional ha sido la pertinente y no se ha empleado como mecanismo para solventar / actuar contra otras deficiencias estructurales. Para ambas cuestiones, las respuestas podrían distar de un escenario positivo; los sucesos que ha experimentado el país durante los últimos años suponen una evidencia a tener en cuenta. A pesar de este hecho, ello no supone afirmar que: a) la justicia tradicional no sea legítima y que tenga sus potencialidades; b) que sea incompatible con los mecanismos de justicia estatales / ordinarios; c) que estos hayan funcionado correctamente y hayan sido respetuosos con la diversidad cultural y étnica del país.

Un abrazo,

Oscar.

Nueva edición de la Revista Argumentos

El Instituto de Esudios Peruanos (IEP) lanza un nuevo número de su revista Argumentos. En esta ocasión, dedicado a la cuestión del desarrollo rural. Un tema que, al margen de necesario, ha tendido a permanecer en un segundo plano durante los últimos años en los que la mayoría de los trabajos se han enfocado en el excepcional desarrollo económico del Perú y los progresos urbanos de la región de la costa. Sin embargo, a pesar de dicho crecimiento, los espacios rurales - tradicionalmente afectados por la pobreza y la desigualdad - apenas han experimentado mejorías. En este número se desvelan algunas claves. Teniendo en cuenta los especialistas a los que aglutina el IEP, no es necesario subrayar que es de lectura obligada para todos aquellos que, de algún modo, trabajan o se interesan por el Perú. Pueden contrar los contenidos en el siguiente link:

http://www.revistargumentos.org.pe/

Un abrazo,

Oscar.

Esperando "sorpresas" en Colombia

Durante las últimas semanas, uno de los temas de debate que ha acaparado más portadas ha sido el de la carrera electoral entre los candidatos Santos y Mockus en Colombia. Dentro de este debate, parece que la cuestión del programa de ambos se ha visto relegada a un segundo plano y a remolque de cuestiones que podrían considerarse como más periféricas. A la espera de los resultados, aguardando a si Mockus consigue dar la ya relativa “sorpresa” y a sabiendas que en numerosos trabajos ya se ha hablado y se hablará de las claves que explicarán las claves de la victoria de uno y de la derrota del otro, podría resultar más eficiente dar unas breves pinceladas sobre los mencionados aspectos de programa (y que, sin duda, también podrán interpretarse como aciertos y desaciertos – es decir, como parte de las claves - en función de los resultados oficiales). Entre los muchos aspectos que podrían compilarse mostramos, brevemente, las posturas de ambos candidatos en relación a dos: el conflicto interno y la reforma fiscal.

El primero de estos aspectos, el del conflicto interno que arrastra el país, puede abordarse desde diversas perspectivas; una de ellas, es el problema de los desplazados por culpa de la violencia. Podría decirse que ambos candidatos muestran posturas complementarias. Santos apuesta por un aumento de lo que él denomina como “seguridad democrática” y un estricto cumplimiento de la ley así como una apuesta por la concesión de subsidios públicos haciendo hincapié en la protección y educación de los niños desplazados. Por su parte, Mockus enfoca la situación con la etiqueta de “legalidad democrática” (ante los escándalos que han afectado al Ejército durante los últimos meses) las soluciones a través de un refuerzo de los sistemas de prevención de la violencia como mecanismo para evitar no sólo esta sino los desplazamientos que ésta genera como consecuencia de las masacres perpetradas durante los últimos años; eso sí, sin posibilidad alguna de negociación mientras existan rehenes en manos de la guerrilla. De hecho, lo ideal y al margen de lo que se pudiera considerar o no como pauta de negociación, sería poder combinar ambas visiones como estrategia de carácter integral. Sin embargo, en cuanto a las políticas fiscales, Santos aboga por una bajada de impuestos para impulsar el crecimiento, la creación de empleo y a las clases medias. Mockus mantiene, en este punto, un discurso totalmente enfrentado ya que defiende un aumento de la presión fiscal para elevar las capacidades del Estado y dejar de ser dependiente de las exportaciones. Aunque, como precisa Santos, un aumento de impuestos no implica necesariamente un aumento de la equidad. Aspectos como los detallados, si bien forman parte de un conjunto mucho más amplio, pueden acabar decantando la balanza sobre un candidato; especialmente cuando los sondeos anuncian unos resultados muy parejos y ajustados. Por ahora, sólo queda esperarlos…ver si el continuismo de Santos se impone a la revolución outsider que representa Mockus (también hay que tener en cuenta los efectos perversos que la aparición de outsiders ha tenido en otros estados y en otros momentos).

Asimismo, no conviene olvidar que, junto a los dos señalados, hay cuatro candidatos más de calidad (Sanín, Petro, Vargas y Pardo). Los cuatro también jugarán un papel clave para definir quién será el ganador si, como se prevé, una segunda vuelta es necesaria.

Un abrazo,

Oscar.

Efervescencia indígena en Argentina

Argentina no es un país que se caracterice ni por una elevada presencia de pueblos indígenas (ni en términos poblacionales absolutos ni relativos) ni tampoco por experimentar las acciones, formales e informales, que protagonizadas por dichos pueblos (en forma de movimientos pero también de partidos políticos) han marcado la actualidad política de algunos países de la región (Bolivia podría ser el exponente más actual y contundente de este proceso); más bien todo lo contrario. Tal vez, estas experiencias vecinas, así como el éxito que las ha acompañado (aunque podría debatirse largamente qué puede entenderse como tal), puede ser uno de los motivos que ha espoleado, durante la semana pasada, a kollas, guaraníes, mapuches, huarpes, wichíes, mocovíes, diaguitas y qom-tobas - entre otros – a iniciar marchas hasta Buenos Aires para reclamar un Estado plurinacional.

En Argentina, la población indígena representa el 1,4% de sus 40 millones de habitantes, a lo que se puede añadir otro 6,5% de mestizos. En parte, cifras menores a las que se registran en Ecuador, Bolivia, Perú o Guatemala condicionan la obtención de avances mayores. Para los pueblos indígenas, el Estado plurinacional implicaría el acceso al título de propiedad de los territorios comunitarios, la entrega a sus pueblos de tierras del Estado, el cumplimiento de la ley que ordenó en 2006 un censo de sus territorios ancestrales, el reconocimiento de sus lenguas como idiomas oficiales de Argentina, la creación de centros educativos propios o la declaración del agua como recurso "sagrado", la formación de tribunales ambientales y la constitución de un fondo para el desarrollo de sus comunidades. Objetivos que, si bien legítimos, requieren de un abordaje sensato que, a su vez, implica complejidad y mayor paciencia. Asimismo, acuerdos y consensos a los que es difícil acceder; no sólo por la propia heterogeneidad y visiones de los propios pueblos indígenas sino porlas fracturas y distancias internas que se albergan dentro de ellos; por ejemplo, el hecho de que no todos los colectivos indígenas se hayan adherido a las marchas pueden ilustrar esta situación.