Guatemala se ha convertido en el país más golpeado por el hambre en América Latina y el cuarto en el mundo. Según el programa de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la desnutrición crónica afecta al 50% de los niños guatemaltecos menores de cinco años. La cifra se eleva al 61% en las comunidades indígenas, el sector mayoritario de la población. La sequía, causada por el fenómeno climatológico El Niño, ha agravado la situación. Según cifras oficiales, la escasez de lluvias ha causado la pérdida del 36% de las cosechas de maíz y el 58% de las de frijol, los dos productos básicos de la dieta popular. Sin embargo, a pesar de la importancia de los factores climatológicos, es necesario analizar qué otras causas inciden en situaciones como la mencionada. Entre ellas, una de las que cobra una mayor importancia es la desigualdad – y que se extiende por toda América Latina. En Guatemala, se producen abundantes cosechas cuando la coyuntura lo impide pero la desigualdad en los ingresos impide que la mayoría de la población tenga acceso a las mismas. En este sentido, no es la escasez de alimentos la que causa los problemas sino la pobreza asociada a la desigualdad – difícilmente puede acabar interpretándose una sin la otra en la región - que impide a los ciudadanos tener acceso a los productos. Aproximadamente, la mitad de los guatemaltecos viven bajo el umbral de la pobreza.
Soluciones parciales al problema existen; en otras ocasiones, la actuación (por ejemplo a cargo de estrategias diseñadas e implementadas por organismos internacionales) en casos de situaciones de emergencia demuestran que es posible esquivar puntos más álgidos en situaciones ya críticas. Pero esta evasión es sólo temporal. Situaciones como la de Guatemala no son exclusivas del país ni excepcionales en el tiempo. Más bien son fenómeno que se repite de manera cíclica y que se acentúa cuando las condiciones del entorno no son las más propicias. Es difícil decir exactamente qué hay qué hacer y cómo hacerlo no ya para solventar el problema sino, al menos, para paliarlo. La respuesta no depende de una única acción ni de un solo factor sino de muchos e interrelacionados. Desde esta óptica parece ineludible señalar que el refuerzo del Estado, de sus instituciones, y la promoción de nuevos y más consistentes procesos de desarrollo se convierten en una premisa básica: 4.059 comunidades rurales en Guatemala están en una situación de alto riesgo de hambruna, más de 54.000 familias pobres han sido declaradas en estado crítico por la falta de alimentos; otras 300.000 familias corren el peligro de padecer una situación similar.
Para lograr lo propuesto, aún hay muchos obstáculos en el camino. Entre ellos, los procesos de reforma agraria y desarrollo rural deben enfrentarse a la necesidad de garantizar el límite de la propiedad de la tierra o al aumento del precio, para el campesino medio, de las tierras destinadas al cultivo…
Un abrazo,
Oscar.
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