La voluntad del gobierno del Presidente Lula da Silva es que las nuevas reservas de petróleo que han sido localizadas en el país puedan ser la base sobre la que financiar proyectos y política sociales. Dichas reservas fueron localizadas, aproximadamente hace un año y medio, en la bahía de Santos, en el litoral de los estados de Río de Janeiro y Sao Paulo. Las primeras aproximaciones indicaban que estas reservas podrían tener una capacidad de entre 5.000 y 8.000 millones de barriles aunque se especula que la cantidad real podría ser diez veces superior – cercana a los 100.000 millones.
Para poder aprovechar este hallazgo ha sido necesaria la creación de un nuevo paquete legislativo que aún debe aprobar el Congreso. De esta aprobación depende el que el Ejecutivo pueda emplear los réditos que proceden de las reservas en sus tres áreas de prioridad en materia social: educación, salud y vivienda. Ante problemas “tradicionales” como los índices de analfabetismo o las dificultades de acceso a la salud, cabe añadir la complejidad para acceder a la vivienda. Existe en Brasil un déficit de viviendas que se valora en siete millones de casas – una de las causas directas del fenómeno de la infravivienda en las favelas.
Hasta el momento, en el país sigue vigente la llamada Ley del Petróleo de 1997 y que impuso un modelo de concesiones según el cual el Estado obtiene alrededor del 45% de la riqueza que genera la producción de hidrocarburos en el país; un porcentaje que en otros países – como Venezuela, Irán o Noruega – alcanza un techo del 80%. La aparición de las nuevas reservas propició que el gobierno brasileño decidiera paralizar las concesiones hasta que se aprobase un nuevo marco legal que asegurase mayores beneficios al Estado.
En este sentido, el nuevo marco legal que se ha diseñado tiene la intención de que, tanto nuevas las reservas localizadas como aquellas que puedan aparecer en un futuro y de características similares, se rijan por él; el resto seguiría bajo la Ley de 1997. Asimismo, bajo este nuevo régimen, se contempla la creación de una empresa estatal, vinculada al Ministerio de Minas, que será pública y se encargará de convocar las licitaciones. Además, se registra el cobro de un bono, por parte del Estado, a las empresas. Sin embargo, la aplicación de este bono puede tener un efecto perverso si desincentiva la inversión por parte de las empresas.
Este no es ni el primer ni único caso en el que un Estado decide emplear la potencialidad de sus recursos naturales para solventar problemas arraigados en otros ámbitos. De hecho, la gestión de estos recursos ha sido un tema constante en América Latina. El problema es que en el pasado pueden detectarse pocos casos en los que esta gestión se haya realizado con acierto con lo que los problemas que se pretendían solventar han permanecido como tales. Habrá que esperar a los resultados que se deriven también de procesos vecinos como, por ejemplo, la explotación del litio en Bolivia que se analizaba en uno de los posts anteriores del blog.
Un abrazo,
Oscar.
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