Las deficiencias burocráticas han sido uno de los principales problemas que tradicionalmente han afectado a los niveles de calidad institucional de los países de América Latina. No sin polémica añadida, el gobierno de Alan García en Perú ha decidido impulsar medidas para solventar los mencionados obstáculos. Mediante un decreto de urgencia, acaba de disponer que las instituciones públicas trabajen todos los días. Sólo Año Nuevo, Navidad, las fiestas patrias (28 y 29 de julio) y el Día del Trabajo (1 de mayo) serán considerados festivos para la Administración estatal. La medida implica que los funcionarios deberán trabajar en sus días libres y todos los días son declarados como útiles a efectos de los plazos de resolución de solicitudes administrativas. La norma señala que las entidades públicas deberán establecer turnos entre su personal para cubrir la atención a los ciudadanos durante los siete días de la semana, y afecta tanto al Gobierno central como a los regionales y municipales. Con esta medida, se espera acelerar una burocracia considerada como lenta e ineficiente ya que rara vez cumple con los plazos establecidos para resolver trámites. Sin embargo, hay ciertos impedimentos que merecen ser destacados al respecto. Uno de ellos es el hecho de que, por ley, no se puede trabajar más horas de las establecidas. Asimismo, si bien la norma puede tener sus bondades, otros caminos también pueden ser contemplados; entre ellos, la estructuración de las organizaciones a partir de una gestión de procesos o un mayor empleo de las plataformas tecnológicas (siempre y cuando sea posible ya que tras la idea se ocultan muchas barreras que aún deben ser superadas: disponibilidad de medios, procesos de alfabetización tecnológica, etc.); en esencia, se necesita una reforma administrativa coherente, exhaustiva e integral.
Un abrazo,
Oscar.
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