sábado, 12 de marzo de 2011

La lucha contra la pobreza y el ejemplo de Chile


La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) apunta que la tasa de pobreza para la región se situó, en 2010, en 32,1%; el nivel más bajo de los últimos 30 años. Independientemente de cómo se efectúe la medición de estas tasas de pobreza y de los resultados derivados, la CEPAL afirma que los logros cosechados son el resultado de una progresiva mejora en la distribución del ingreso (fruto, en parte, de los procesos de crecimiento) así como de las políticas gubernamentales - con un aumento de los recursos destinados a la ejecución de políticas sociales - y la interacción entre ambos. El gasto social, que se situaba en el 12,2% del Producto Interior Bruto (PIB) durante el periodo 1990-91, alcanzó un nivel del 18% en los años 2007-2008 y, dentro del gasto público global, los programas sociales crecieron de 45% a 65%.

Ello no debe hacer olvidar que tanto la pobreza y la desigualdad siguen siendo problemas de profundo arraigo en la región. La brecha entre los sectores más enriquecidos y aquellos con menores recursos ejemplifica bien esta realidad: el ingreso per cápita de los hogares pertenecientes al 10% más rico de la población supone 17 veces más que el del 40% más pobre. Teniendo en cuenta que estas cifras suponen una mejora de tres puntos respecto a 2002, pueden formularse diversos comentarios; entre ellos, señalar la contundencia de un fenómeno como el mencionado. Asimismo, subrayar las dificultades por lograr avances más significativos incluso cuando las condiciones para hacerlo son favorables.

¿Es asumible erradicar la pobreza en la región? Evidentemente, dar respuesta a esta pregunta supone admitir que las condiciones de partida no son iguales para todos y que, lógicamente, hay países mejor posicionados para ello. Uno de los casos más referenciados es el de Chile. Actualmente, casi tres millones de chilenos se sitúan por debajo de la línea de pobreza; el propio Presidente de la República, Sebastián Piñera, ha señalado que ingreso nacional que debería transferirse directamente a cada una de las familias afectadas por la pobreza, es de 1,5% del PIB. Este año Chile va a crecer un 6% y, por tanto, podría decirse que es razonable, posible, ética y moralmente un imperativo hacer lo que sea necesario para que un pequeño porcentaje del crecimiento económico se dirija a los tres millones mencionados. Por supuesto, desde un prisma general, la perpetuación de las condiciones de desigualdad fomenta mayor desigualdad, la existencia de nuevas y viejas brechas y, en consecuencia, traba el proceso de desarrollo del conjunto de la sociedad. En este sentido, la moral es un argumento pero la necesidad de progreso para la totalidad de la población también.

Por otra parte, el avance chileno, a pesar de constituirse en referencia obligada en la región, sigue sorprendiendo. Tras el terremoto que causó daños cifrados en 30.000 millones de dólares (17% del PIB nacional), entre 2009 y 2010, el crecimiento económico pasó de -1,5% a +5,2%; la creación de empleo de menos 45.000 a más 420.000; la inversión de menos 15% a más 20%; y, desde el estancamiento, las exportaciones se situaron en más del 27%.

Proyectando la tasa de crecimiento de Chile hasta el final de la década, el país se convertiría en el primero de la región que podría se considerado de “desarrollado” (de acuerdo a los estándares habituales de medición); actualmente, el nivel de ingresos per cápita es de 15.000 dólares - la más alta de Latinoamérica - y se aspira a la de los países que están en los umbrales del mencionado desarrollo: 22.000. Incluso con los datos mencionados previamente, Chile tiene que seguir luchando contra desafíos compartidos con el resto de países de América Latina a pesar de las diferencias numéricas: disponer de una mejor educación, progresar en el terreno de la tecnología o fomentar la inversión en energía, entre otros.

Un abrazo,

Oscar.

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