Que un presidente latinoamericano obtenga altos índices de aprobación por su gestión se ha convertido en algo muy poco frecuente durante los últimos años. Si además estos índices se obtienen en un contexto de crisis económica generalizada, la situación podría calificarse de excepcional. Esta excepción se encuentra en Chile ya que Michelle Bachelet ascendió hasta un 74% de aprobación, el porcentaje más alto logrado por un presidente desde el retorno a la democracia en 1990 (según la encuesta mensual realizada por la empresa Adimark). A esta cifra habría que añadir que: un 80% de los encuestados opina que la presidenta es “creíble”; un 78% que tiene “capacidad para enfrentar situaciones de crisis”; un 76% que “cuenta con liderazgo”; y un 75% que “cuenta con autoridad”. Unas cifras que son la envidia de cualquiera de sus homólogos dentro de la región.
Es importante también tener en cuenta la valoración que la ciudadanía hace de la gestión económica del gobierno (un hecho que en varias ocasiones ha estado en el núcleo de conflictos y estallidos sociales). Así, a pesar que el desempleo se elevó hasta sobrepasar los dos dígitos (10,2%) y las proyecciones indican que el producto interior bruto caerá cerca del 1% este año, los chilenos identifican el origen mundial de la crisis y han valorado positivamente las políticas de protección social aplicadas desde el Palacio de La Moneda, basadas en el aumento del gasto en plena crisis para paliar los efectos de la recesión.
Pero la combinación de políticas sociales y disciplina fiscal no fue comprendida por los chilenos durante el período en que la actual crisis parecía lejana si es que alguien la esperaba. Así, hace un par de años - cuando el precio del cobre, el principal producto de exportación del país, alcanzó un precio internacional récord – la voluntad de contención y ahorro de los recursos públicos, recibió duras críticas de todos los frentes políticos. Por entonces Bachelet llegó a ser la presidenta de la Concertación con más baja evaluación en los sondeos. Por tanto, la política de guardar para el período de necesidad sólo comenzó a ser comprendida cuando llegó la etapa de gastar parte de lo ahorrado (dicho de un modo más coloquial y popular: cuando la cigarra comprendió a la hormiga, según el cuento). De hecho, la clave ha sido una regla de superávit fiscal de largo plazo que se autoimpuso el Gobierno de Ricardo Lagos en el año 2000, independizando el gasto público de la coyuntura, y que los ministros de Hacienda han respetado.
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