Brasil y Perú han copado la actualidad latinoamericana de las últimas semanas gracias a los acontecimientos, acciones y reacciones que se han desarrollado a raíz del uso, la propiedad y la explotación de las tierras de la Amazonía. Si bien los conflictos que se han desarrollado a raíz de estos movimientos (comentados en anteriores posts) tienen sus peculiares características (en el caso de Perú marcadas por un tinte de reivindicación étnica ; sin alejarse demasiado de dicho carácter, en Brasil se detecta una cuestión enfocada en los parámetros de la propiedad legal de los territorios que, al mismo tiempo, no son desconocidos para Perú), comparten el hecho de mostrar con claridad la importancia estratégica que la región amazónica puede jugar tanto para los intereses nacionales (y dentro de ellos para diversos colectivos en la medida en que estos intereses no son sólo económicos sino también políticos, por ejemplo…o ambos) como internacionales.
El último capítulo en el caso peruano, se cierra con la derogación, por parte del Congreso, de los decretos 1090 y 19064, aprobados el año pasado, para regular el uso y explotación de los recursos naturales de la selva y que se tradujeron en un conflicto entre los pueblos indígenas (representados institucionalmente por AIDESEP – Asociación Interétnica de la Selva Peruana) y el gobierno actual de Alan García. Estos dos decretos fueron aprobados junto a casi un centenar de normas para adecuar a la legislación peruana el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que entró en vigor a principios de año. A pesar de que los colectivos indígenas han considerado esta derogación como una victoria, lo cierto es que es las previsiones apuntan a que este celebrado “triunfo” no suponga el final de las tensiones en la medida en que aún siguen existiendo decretos en vigor que auguran futuras reivindicaciones destinadas a la modificación de leyes y la preservación de tierras ancestrales en un intento de evitar intentos de “colonización” por parte de compañías foráneas.
Por su parte, el Gobierno brasileño lanzó ayer el programa Tierra Legal para regularizar 296.000 propiedades ilegales en la Amazonía e incentivar a los agricultores a reforestar las áreas degradadas, con un programa de subsidios que sirva para frenar la tala ilegal – de hecho, otra de las posibles formas de “colonización”. La meta para el presente año es abordar la situación de 90.000 fincas en 93 municipios mediante una campaña que comenzará en las 43 localidades que presentan índices más preocupantes en cuanto a extensión de selva destruida. El subsidio alcanzará los 100 reales por mes (unos 50 dólares) para los agricultores que recuperen áreas degradadas. También se ha simplificado la tramitación administrativa para obtener el título de propiedad, un proceso que hasta ahora duraba casi cinco años. En haciendas de hasta 76 hectáreas, el título de propiedad se concederá de forma gratuita y en un plazo de hasta 120 días, según las previsiones del Gobierno.
Se prevé que el programa llegue a toda la Amazonia a través del proyecto Arco Verde del Ministerio de Medio Ambiente que implantará oficinas en las que los propietarios podrán inscribirse para recibir las escrituras de las tierras ocupadas. Asimismo, este proyecto pretende transmitir y consolidar, entre las comunidades rurales, la idea del desarrollo sostenible, una de las piedras angulares del programa del Gobierno para frenar la destrucción de la selva si se tiene en cuenta que durante el mes de diciembre de 2008, el Ejecutivo presentó el Plan Nacional sobre Cambios Climáticos, por el que Brasil se propone reducir en un 80% el índice de deforestación de la Amazonía hasta 2020, lo que implicaría reducir las emisiones en 5.000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año.
En cierta parte, ambos casos – el peruano y el brasileño – pueden ser como las dos caras de la moneda. Pero tal vez ni un caso es tan bueno ni el otro es tan malo a raíz de los intereses estratégicos de cada uno de los actores que interactúan en ellos. Lógicamente, y como ya se hizo hincapié, la censura que debe aplicarse sin medidas en aquellos procesos en los que la negociación no existe y en la que el conflicto violento se convierte en la respuesta. El caso de Perú ha sido el ejemplo más reciente. Las cosas no siempre han sido tan tranquilas en Brasil y, al margen de la intención, lo que se contemplará en un futuro es la gestión del proyecto y si sus resultados realmente han sido los esperados…en caso contrario, se corre el riesgo que lo de Perú no sea una excepción…
Un abrazo…
Oscar.
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