Estallido indígena en Perú

Todos aquellos interesados y conocedores de América Latina mostrarán su conformidad al afirmar que, durante la década de los noventa e inicios del siglo XXI, uno de los actores protagonistas en la escena política, económica y social ha sido el movimiento indígena…específicamente, en los países centro-andinos. Así, en Bolivia y Ecuador, la incidencia de este movimiento ha sido una constante y, es más, ha trasladado su influencia en el terreno político formal a través de la constitución de partidos políticos. Entre los acontecimientos más relevantes y recientes figuran: a) en Ecuador, la aparición del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) que logró formar un gobierno de coalición con Lucio Gutiérrez; b) en Bolivia, a través del liderazgo de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS) integrado, en buena parte, por los movimientos indígenas que auparon al mencionado Morales logró alcanzar la presidencia del país durante el año 2006. Lo que no ha sido tan usual es el protagonismo que las organizaciones y movimientos indígenas han tenido en Perú; al menos no en el grado en que lo han hecho en los países vecinos. Si bien es cierto que en Perú existen organizaciones de carácter étnico, su dimensión y capacidad organizativa nunca ha sido comparable a la de Bolivia o Ecuador; del mismo modo, su capacidad de intervención en la arena política y los resultados obtenidos de ella.
En este sentido, si bien las protestas indígenas en el país han sido también una constante en los últimos años, no deja de resultar sorprendente lo que ha ocurrido en la amazonía (selva) durante los últimos días. De hecho, la región más grande y menos poblada de Perú, ha generado el estallido social más grave de los últimos años en Perú como consecuencia de un paquete de 10 decretos legislativos aprobados en junio de 2008 por el Gobierno de Alan García con el objetivo de alentar la inversión en la Amazonía y adecuar el marco legal peruano al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entre ellos, figuran el Decreto 1.090, conocido como ley forestal y de fauna silvestre, y el 1.064, que establece el régimen jurídico de las tierras de uso agrícola.

Las comunidades indígenas argumentan que no fueron consultadas acerca de estos decretos que les afectan directamente, y sostienen que son inconstitucionales. Hasta cierto punto es difícil negar que las demandas de los nativos fueron ignoradas durante meses hasta que tomaron medidas de fuerza que han desembocado en resultados trágicos y que han ocupado los primeros puestos en todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. Aunque, como señalan algunos expertos, las protestas van más allá de los decretos cuestionados. Es decir, el motivo del conflicto no es la existencia de estas medidas legislativas, sino el lenguaje político y las políticas en general, que los nativos han interpretado que ponen en peligro los derechos de propiedad y el usufructo de sus tierras. Es más, casi podría decirse también que los decretos son la excusa para reivindicar nuevamente aspectos como el olvido institucional, la desigualdad y la pobreza que han padecido históricamente los pueblos indígenas, no sólo en Perú sino también en el resto de América Latina.
Por el momento, la situación es incierta en la medida en que han pasado más de dos meses desde el 9 de abril, fecha en que se inició la protesta y hasta ahora varias carreteras y ríos siguen bloqueados, al igual que las operaciones en las instalaciones petrolíferas y gasíferas. Fue precisamente durante el intento de la policía el 5 de junio de romper uno de los bloqueos en las inmediaciones de la ciudad de Bagua en que el desenlace de los acontecimientos se caracterizó por su violencia. Tras estos hechos, el gobierno ha anunciado la formación de una comisión en la que participarán los representantes de los pueblos nativos para analizar la cuestión. Entre otras, una de las principales cuestiones a resolver será hallar la manera en la que los pueblos indígenas peruanos encuentren en el Estado los instrumentos, la legislación, las instituciones capaces de pasar de esta situación de fragilidad a una mayor seguridad jurídica sobre sus tierras. Tarea compleja...más aún cuando los colectivos indígenas – no sólo en Perú sino en toda la región – siguen sintiendo que sus derechos son muy débiles…los expertos en la materia no sólo afirman que lo han sido sino que, a pesar de ciertos avances, lo siguen siendo. En el fondo, aún subyace un problema de incomprensión hacia los pueblos amazónicos, en particular, e indígenas, en general, en la medida en que la defensa de la tierra y su entorno constituyen asuntos vitales en temas culturales pero también en materia de supervivencia…aspectos intrínsecamente ligados…

Esperemos que la negociación, la comprensión y el acuerdo entre Estado e indígenas substituya la escalada de violencia de la que Perú ha sido testigo en las últimas semanas…

Un abrazo,

Oscar.