Los conflictos en los territorios que comprenden la vasta extensión amazónica se han convertido, en las últimas décadas, en una constante que enfrenta al Estado, a las poblaciones indígenas / nativas y a las empresas que operan en el territorio en relación al uso y explotación de dichos territorios. Entre las últimas polémicas (y al margen de la que, con mayor crueldad y violencia se está desarrollando en Perú) destaca la que se está produciendo en Brasil. Sin embargo, como ya se apuntaba antes, los problemas que se viven en el país no son una novedad sino que son el fruto de un legado histórico de escasa redistribución de la tierra, de reformas agrarias con efectos perniciosos o de las fracturas étnicas / culturales que afectan a la mayoría de países latinoamericanos.
En esta ocasión, el último de los eventos que merece ser reseñado ha sido la renuncia, por parte del Estado, a la propiedad de una extensión de tierras ubicadas en la Amazonía y que tiene una extensión de 670.000 kilómetros cuadrados (en términos, comparativos, una superficie equivalente a la países como Francia o similar al doble de la de Italia). Estas tierras, ocupadas ilegalmente a lo largo de los años por pequeños y grandes agricultores y ganaderos, pasarán ahora a ser su propiedad. Ello se estipula en una Ley que ya ha sido aprobada por el Senado y por la Cámara de Diputados y que, para entrar en vigor, sólo requiere la firma del presidente de la República
La Ley preciosa que las personas y empresas que ocuparon estas tierras antes del 1 de diciembre de 2004 recibirán el pertinente título de propiedad. Asimismo, que las propiedades menores de 76 hectáreas serán entregadas gratuitamente mientras que las que superen las 1.500 hectáreas saldrán a subasta. Los beneficiarios podrán pagarlas en 20 años y después de este período, los nuevos propietarios podrán revender las tierras.
La aparición del texto legal ha generado la proliferación de disputas entre partidarios y detractores del mismo. Por un lado, se defiende que la ley es el primer paso consistente para poner fin a la caótica situación jurídica actual al respecto y que impone normas ambientales muy severas a los nuevos propietarios que, en caso de incumplimiento, pueden comportar la pérdida de la propiedad. Paralelamente. También se afirma que la Ley va a ayudar a impedir la destrucción de la Amazonía beneficiando a los pequeños agricultores. En este caso, la cifra ascendería a 400.000 pequeños propietarios que se habían apoderado desde hace años de tierras que eran del Estado y las cultivaban ilegalmente.
Por el otro lado, se exclama que, el hecho de que los nuevos propietarios puedan revender las tierras sólo genera un terreno abierto a los abusos y las especulaciones. También que la aparición de esta ley supone desperdiciar la lucha que, durante los últimos 30 años, se ha llevado a cabo por la defensa de la Amazonía de los últimos 30 años.
La situación se vuelve aún más polémica, controvertida y paradójica, si cabe, si se tiene en cuenta que, a pesar de los efectos nocivos que pueda suponer la aprobación de la Ley, el Presidente da Silva estampó su rúbrica en un manifiesto contra la destrucción de la selva amazónica y que ya ha conseguido más de un millón de firmas que solicitan la preservación de esa zona (la de mayor reserva de agua dulce del mundo). Como casi siempre, habrá que esperar a que los próximos tiempos determinen si está acertando a resolver el problema o el remedio fue peor que la enfermedad.
Un abrazo,
Oscar.
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